Por qué la nueva promesa verde de Hacienda podría replantear sus inversiones

El ministerio lanzó el anteproyecto de Taxonomía Verde, que permite identificar las actividades productivas sostenibles. En el mercado creen que esto permitirá reducir los costos de las carteras y evitar el greenwashing, entre otras ventajas.

¿Recuerda los sellos negros de advertencia que tienen los distintos alimentos altos en azúcares, grasas o sodio? Algo similar, pero destacando atributos positivos, se estaría por implementar en el en el sector financiero local de la mano de la Taxonomía Verde: un sistema de clasificación para las actividades productivas que cumplen con ciertos objetivos sostenibles.

Esto es lo que está impulsando el ministerio de Hacienda, el cual lanzó recientemente el anteproyecto “Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles” (o T-MAS), que estará en consulta pública en enero, para su posterior implementación. 

“La lógica es reducir costos de transacción”, al no tener que crear un lenguaje propio, dijo Mario Marcel, ministro de Hacienda, en la presentación del anteproyecto. “También representa un beneficio para quienes desarrollan esa actividad y puedan obtener un premio por desarrollarla de esa manera”. 

Además, varios analistas creen que este sistema evitará el greenwashing, es decir, aquella práctica en que las empresas se promueven como sostenibles cuando no lo son. “Esto no solo ayuda a mapear los mayores desafíos para cumplir con los objetivos climáticos y medioambientales, sino que también es clave para prevenir el greenwashing”, dice Maximiliano León, gerente de Sostenibilidad y ASG en Forvis Mazars.

Por otra parte, la Taxonomía Verde será un complemento clave para los reportes de información ESG de las memorias corporativas de las compañías. “Es algo complementario, que fortalece también la importancia de la información que el mercado exige y las empresas divulgan”, dijo Solange Berstein, presidenta de la CMF, en la presentación del anteproyecto.

La Taxonomía Verde promete beneficiar a los portafolios dedicados a las inversiones sostenibles, dado que permitiría simplificar los procesos de búsqueda de activos alineados con objetivos ESG. Sería, además, una pieza clave para darle forma al reporte de información sustentable de las compañías.

El giro que implica el proyecto del gobierno, eso sí, no es sencillo. “La taxonomía es una regulación compleja cuya adopción en el mercado financiero depende en gran parte del reporte corporativo”, dice Ricardo Miranda, analista ESG en Bci Asset Management. “Además es intensivo en datos, por lo que se sugiere tener capacidades de tratamiento de datos o utilizar proveedores externos que puedan facilitar dicha tarea”.

Pero los beneficios serían significativos. “Su principal fortaleza radica en la creación de un lenguaje común para identificar los impactos ambientales de las diversas actividades económicas”, sostiene León, de Forvis. “Esto permite alinear los flujos de capital hacia proyectos que contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos climáticos y de sostenibilidad en distintos sectores del sector privado”.

Los beneficios de un portafolio sostenible son evidentes, a juicio del Gobierno. “Hemos venido emitiendo bonos verdes y bonos sostenibles desde hace ya un buen tiempo y estamos llegando a un 40% de de la deuda chilena que tiene este tipo de normas”, recordó Marcel. “Y por esas vías, hemos calculado que el premio de estos bonos es de 10 a 15 puntos base”, señala en referencia a menores costos de financiamiento.

Y, sumado a ello, el jefe de Hacienda sostiene que la taxonomía permitiría que los costos de los portafolios puedan reducirse, al existir un lenguaje común que ahorra el trabajo de recolección de datos de las compañías de inversión.

Es que la taxonomía se volvería un estándar para la industria. “En base a la experiencia internacional en relación a la aplicación de la taxonomía en los portafolios de inversión, se podría esperar que a largo plazo los fondos de inversión chilenos busquen reportar en base a la taxonomía verde”, cree Miranda, de Bci AM. “Esto aplicará principalmente a los fondos que promuevan la sostenibilidad, ya que se buscará un mínimo de alineación con dicha taxonomía”.

“Al aumentar la transparencia, la taxonomía debería permitir a los actores del mercado financiero priorizar aquellas actividades económicas que estén más alineadas con sus objetivos de impacto y contribución al desarrollo sostenible”, coincide León, de Forvis. “A largo plazo, esta mayor claridad incentivará una reasignación de recursos hacia sectores y proyectos con un impacto ambiental positivo, fomentando la innovación y la sostenibilidad”.

Con todo, las empresas deben poner de su parte. Bernstein, de la CMF, cree que falta avanzar en la divulgación de información de las empresas en materia de sostenibilidad, algo que pretende la modificación a la norma 461, la que aplicó nuevos estándares internacionales a los reportes de las compañías. Y sostiene que hay que avanzar en la certificación. “Espero que en el futuro tengamos la mayor certeza posible de la calidad de la información que se está divulgando y de las métricas que se están tratando de adoptar a través de la taxonomía”, dijo Berstein.

OBJETIVOS DE LA TAXONOMÍA

En el anteproyecto de la Taxonomía Verde se definieron una serie de objetivos medioambientales, que serían los criterios de los "sellos verdes". Se consideran: adaptación al cambio climático, uso sostenible de recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación y conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad.

De esta forma, para que una actividad económica elegible se considere medioambientalmente sostenible debe cumplir con las siguientes reglas mínimas: “Contribuir Sustancialmente (CS) a uno o varios de los objetivos. No Hacer Daño Significativo (NHDS) a ninguno de los objetivos. Cumplir con Salvaguardas Mínimas Sociales”, dice un documento que presenta a la taxonomía. “Su cumplimiento debe evaluarse mediante los Criterios Técnicos de Selección (CTS), los cuales fijan distintos umbrales para cada actividad económica”.

El ministerio dejó en claro que no se trata de una regulación, sino una herramienta para el mercado financiero. Con todo, serviría de referencia para una serie de marcos reguladores.