Pagos por facilitación: Lecciones de un caso emblemático en el sector bananero

Fueron hallados culpables del delito de concierto para delinquir agravado. La sentencia reveló un esquema de financiación deliberado y sostenido a grupos paramilitares en la región de Urabá. Esta financiación se efectuaba a través de pagos encubiertos, disfrazados como contratos de seguridad con cooperativas Convivir.

Entre 1995 y 2004, las empresas descontaban sistemáticamente tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada, destinando dichos recursos a grupos armados ilegales bajo la fachada de servicios de protección. Este modelo de “pagos por facilitación” degeneró en una estructura de corrupción transnacional con graves impactos sociales, jurídicos y reputacionales.

Aspectos clave desde el enfoque de cumplimiento y ética empresarial

Desde una perspectiva de cumplimiento y ética empresarial, el caso de la compañía bananera evidencia cómo los pagos por facilitación, a menudo justificados como simples costos operativos, pueden convertirse en mecanismos encubiertos de soborno que alimentan estructuras criminales. Aunque los montos involucrados puedan parecer menores, su recurrencia y naturaleza oculta los convierte en actos claramente ilegales según marcos internacionales como la Ley FCPA de Estados Unidos o la UK Bribery Act del Reino Unido. Las empresas deben identificar y mitigar estos riesgos dentro de sus programas de cumplimiento.

Otro elemento relevante es el uso de fachadas legales para fines ilícitos. Las cooperativas Convivir, aunque formalmente legales, fueron instrumentalizadas para canalizar recursos hacia grupos armados ilegales. Este hecho pone en evidencia la responsabilidad empresarial de ejercer una debida diligencia efectiva frente a terceros, ya que la omisión en verificar el destino de los fondos constituye una falla crítica que puede derivar en esquemas de lavado de sobornos.

La sentencia también señala que no existió coerción ni extorsión: los pagos fueron decisiones deliberadas por parte de directivos con capacidad jurídica y económica para actuar de forma distinta. Esta ausencia de denuncia y la falta de una reacción institucional oportuna reflejan una cultura organizacional permisiva frente a la corrupción, agravando la responsabilidad ética y legal de la compañía.

El impacto de estas acciones trasciende el ámbito económico. El dinero entregado terminó financiando la compra de armas y facilitando graves violaciones de derechos humanos por parte de las AUC. Así, el caso deja de ser únicamente un escándalo de corrupción para convertirse en una muestra contundente de cómo las malas prácticas empresariales pueden contribuir directamente a crímenes atroces.

Finalmente, esta situación ofrece lecciones contundentes para la prevención del soborno transnacional. La ausencia de controles internos eficaces y la justificación pragmática de pagos en contextos de inseguridad terminan comprometiendo la integridad de las empresas, su reputación global y su responsabilidad penal, tanto en jurisdicciones locales como internacionales.

Reflexiones para el sector empresarial y los oficiales de cumplimiento

• Los pagos por facilitación no son inofensivos: Son el primer peldaño hacia esquemas complejos de corrupción y financiación criminal.
• La fachada de legalidad no exime responsabilidad: Toda relación con terceros debe ser objeto de debida diligencia reforzada.
• El silencio también compromete: La omisión en denunciar o cuestionar pagos irregulares puede interpretarse como aquiescencia.
• La ética no se negocia: La sostenibilidad empresarial pasa por estructuras robustas de integridad, especialmente en zonas de alto riesgo.