Colombia da pasos firmes hacia la regulación de criptomonedas

Con la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 510 de 2024, el país busca establecer reglas claras para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), con la finalidad de formalizar una industria que ha crecido exponencialmente. La propuesta fue radicada por el senador Gustavo Moreno y el representante Julián López y representa una respuesta directa al vacío regulatorio que ha generado incertidumbre jurídica para empresas y riesgos para millones de usuarios.

Un sector en auge que requiere regulación

En los últimos años, el avance de la tecnología financiera ha transformado radicalmente la manera en que se realizan las transacciones monetarias en todo el mundo. Las criptomonedas han emergido como una alternativa digital al dinero tradicional, ofreciendo nuevas oportunidades y desafíos para gobiernos, empresas y usuarios. En este contexto, la necesidad de establecer un marco regulatorio adecuado para estas nuevas formas de dinero se ha vuelto imperativa.

• En 2024, se transaron US$6.700 millones en criptoactivos en Colombia.

• Más de 5 millones de colombianos interactúan activamente con criptomonedas.

• El país ocupa el quinto lugar en América Latina y el puesto 36 global en adopción de criptomonedas, según Chainalysis.

• Plataformas locales como LuloX y Wenia ya dinamizan el mercado junto a exchanges internacionales.

• Según datos de Bitso (2022) y registros de la Superintendencia Financiera de Colombia, Binance es el exchange con mayor volumen de operaciones en el país.

¿Qué propone el proyecto de ley?

El Proyecto de Ley 510 de 2024 busca regular los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Este proyecto plantea una regulación integral distribuida en 19 artículos que abordan temas como la vigilancia y supervisión de los PSAV, la protección del consumidor, la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, la educación financiera y el impulso a tecnologías como blockchain. El proyecto busca formalizar la industria sin sofocar la innovación, y garantizar que los criptoactivos operen dentro de una estructura legal robusta, protegiendo a los usuarios y fomentando la inversión responsable.

Es crucial destacar que la iniciativa no busca regular el mercado de los criptoactivos en sí, ni la tecnología subyacente, ni tampoco reconocer a los criptoactivos como moneda oficial. Más bien, se enfoca en establecer reglas claras para los PSAV, sin desplazar las competencias de otros regímenes ya existentes como los financieros, de protección de datos, de competencia o de prevención de lavado de activos.

Marco regulatorio ya vigente: SUPERSOCIEDADES, UIAF y DIAN establecen bases clave

Aunque aún no existe una ley específica que regule el ecosistema cripto, ya se han emitido disposiciones clave que actúan como andamiaje normativo mientras se consolida una legislación integral. entre ellas, El Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, la Resolución 314 de 2021 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el Concepto Unificado 1621 de 2023 de la DIAN, son instrumentos fundamentales que establecen obligaciones y criterios regulatorios relevantes.

Capítulo X de la circular básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades (SAGRILAFT)

La Superintendencia de Sociedades establece que las empresas que realicen actividades u operaciones con activos virtuales, como intercambio entre activos virtuales y moneda fiat, intercambio entre una o más formas de activos virtuales, transferencia, custodia o administración de activos virtuales y en general servicios realizados con activos virtuales, y que a 31 de diciembre de cualquier año tengan ingresos superiores a 3.000 SMLMV o activos superiores a 5.000 SMLMV, están obligadas a adoptar un Sistema de Administración y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), adaptado a la naturaleza de sus operaciones, tamaño y complejidad del riesgo.

El SAGRILAFT debe incluir políticas explícitas de gestión de riesgos, manual de procedimientos, mecanismos para la identificación y conocimiento del cliente (KYC), segmentación de riesgos por tipo de operación, y procedimientos para el monitoreo continuo de las transacciones. Además, se requiere que estas empresas designen oficiales de cumplimiento capacitados, con autonomía y acceso directo a la alta dirección.

Resolución 314 de 2021 de la UIAF

Los proveedores de servicios de activos virtuales tienen la obligación de remitir a la UIAF Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) inmediatamente ocurran, así como Ausencia de Reporte de Operaciones Sospechosas (AROS) cuando no se identifiquen estas operaciones durante el período correspondiente, que, para este sector, es mensual. Igualmente, deberán realizar el Reporte de Transacciones con Activos Virtuales o ausencia de ellas, así como el Reporte de Clientes de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, con una periodicidad mensual.

Estos reportes deben enviarse a la UIAF a través de la plataforma SIREL dispuesta por la entidad para tal fin, dentro de los plazos establecidos para garantizar la detección temprana de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.

Concepto unificado 1621 de 2023 – DIAN: Reconocimiento y necesidad de regulación

Aunque el Concepto Unificado 1621 de la DIAN está orientado principalmente al ámbito tributario, contiene también criterios regulatorios relevantes. El documento reconoce que los criptoactivos no constituyen moneda de curso legal en Colombia, pero su uso en transacciones comerciales no está prohibido. En términos jurídicos, los PSAV son entendidos como prestadores de servicios tecnológicos que actúan dentro de un entorno informal debido a la ausencia de una ley específica.

El concepto destaca la necesidad urgente de crear una normativa sectorial que brinde seguridad jurídica a los actores del ecosistema, tanto desde el punto de vista operativo como institucional. También se reconoce la importancia de que estos actores cumplan con principios de transparencia y obligación formal, incluso mientras se consolida un marco legal definitivo.

Riesgos de estar en una zona gris

La ausencia de un marco legal claro para los criptoactivos en Colombia presenta riesgos significativos en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). La naturaleza descentralizada y, en ocasiones, anónima de las transacciones con criptomonedas, las convierte en un atractivo potencial para actores malintencionados.

La falta de obligaciones claras de debida diligencia del cliente (KYC), monitoreo de transacciones, y reportes de operaciones sospechosas por parte de todos los actores del ecosistema cripto, crea una "zona gris" que facilita el flujo de capitales ilícitos. Esto no solo expone a los usuarios a fraudes, sino que también pone en riesgo la integridad del sistema financiero colombiano y la reputación del país en el ámbito internacional en la lucha contra el crimen organizado. La regulación busca cerrar estas brechas, estableciendo un marco de cumplimiento robusto que desincentive el uso de criptoactivos para fines ilegales.

Conclusión

La aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 510 de 2025 marca un paso decisivo para que Colombia salga de la "zona gris" en la que ha operado el ecosistema cripto. Este avance, que busca regular a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), no solo ofrecerá seguridad jurídica y protección a los millones de usuarios y empresas, sino que también fortalecerá la prevención de LA/FT/FPADM. Al reconocer y adaptar las mejores prácticas internacionales, Colombia se encamina a consolidarse como un país innovador y seguro para las tecnologías financieras emergentes, equilibrando el fomento de la innovación con la mitigación de riesgos.