La relación directa entre el SARLAFT y los derechos fundamentales: Análisis de la Sentencia T-113 de 2025

El fallo se origina en el caso de un ciudadano que, tras haber cumplido una condena por el delito de peculado por apropiación, encontró múltiples barreras a la hora de acceder a entidades financieras, al intentar abrir una cuenta de ahorros y no poder conseguirlo de manera satisfactoria.

En su decisión, la Corte enfatizó que las entidades financieras no pueden tomar decisiones sustentadas en apreciaciones subjetivas o datos desactualizados. Señaló, además, que el acceso al sistema financiero guarda relación directa con derechos fundamentales, como lo son la igualdad, el trabajo y el mínimo vital. Por ende, los mecanismos SARLAFT deben incorporar análisis individualizados del riesgo y medidas proporcionales.

La Corte, reconoció que puede justificarse la negativa de acceso a servicios financieros cuando se trata de personas con antecedentes por delitos que constituyen fuente del LA/FT; sin embargo, subrayó la importancia de mantener un monitoreo constante posterior a la vinculación. Es decir, no es suficiente una evaluación inicial: el seguimiento debe ser permanente. De esa forma, el aspecto esencial de esta sentencia es el fortalecimiento de los procedimientos dentro del SARLAFT. Adicionalmente, la Corte también hizo énfasis en el respeto al principio de presunción de inocencia, recalcando que el hecho de estar vinculado a una investigación penal no puede, por sí solo, justificar la negación de servicios financieros. Mientras no exista una sentencia condenatoria en firme, no puede aplicarse una exclusión automática, pues ello atentaría contra la garantía de un trato equitativo y justo.

El fallo también instó a la Superintendencia Financiera a expedir una circular específica que establezca directrices claras para la vinculación de personas con antecedentes penales. Esto impactará directamente la manera en que las entidades financieras gestionan sus riesgos, promoviendo decisiones sustentadas en criterios objetivos y verificables.

Siendo así, la Corte recomendó a las entidades revisar y ajustar sus políticas internas relacionadas con el SARLAFT, actualizar sus matrices de riesgo, y dejar registro detallado de cada caso en el que se decida no vincular a una persona. Con estas disposiciones, se busca prevenir decisiones basadas en estigmas o información caduca, favoreciendo un sistema financiero más equitativo e incluyente.

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