Newsletter en Derecho Público, Administrativo, Regulatorio e Inmobiliario de febrero de 2026

En Forvis Mazars hemos recopilado todas las novedades normativas y de jurisprudencia en nuestra nueva newsletter de Derecho Público, Administrativo, Regulatorio e Inmobiliario, que puedes verla al completo y descargarla aquí.

Medidas urgentes para la estabilización del sistema eléctrico

Dentro de las novedades más destacadas en Derecho Público, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado el Acuerdo de 29 de diciembre de 2025, mediante el cual se prorroga la modificación temporal de procedimientos de operación eléctricos. El objetivo es continuar aplicando medidas urgentes para la estabilización de la tensión en el sistema eléctrico peninsular español. Estas modificaciones responden a la necesidad de garantizar la seguridad del suministro y la integridad técnica de la red eléctrica, un aspecto esencial en un contexto de alta demanda, transición energética y creciente integración de renovables.

A esta medida se suman nuevas resoluciones y actualizaciones publicadas a lo largo de enero y febrero:

• Resolución de 19 de enero de 2026, que modifica los procedimientos de operación 3.1, 3.2 y 7.2 para facilitar la estabilización de la tensión.
• Actualización de valores de retribución de las instalaciones tipo con costes variables dependientes del combustible (31 de diciembre de 2025 y 5 de febrero de 2026).
• Orden TED/53/2026, que actualiza parámetros retributivos para instalaciones renovables, cogeneración y residuos aplicables al nuevo periodo regulatorio.

La suma de estas actuaciones demuestra un notable dinamismo regulatorio en el ámbito energético, uno de los pilares del Derecho Público contemporáneo, donde confluyen el interés general, la sostenibilidad y la estabilidad técnica del sistema.

Impulso europeo a la defensa y a las infraestructuras estratégicas

El número también recoge la aprobación del Real Decreto 66/2026, por el que se regulan las adquisiciones en común y proyectos colaborativos en el marco de las iniciativas europeas de defensa. Se trata de una norma con un marcado carácter estratégico, que busca reforzar la capacidad de acción conjunta de los Estados miembros y optimizar recursos públicos en un ámbito especialmente sensible para la Unión Europea.

Además, la Comisión ha publicado un Documento de Orientación para facilitar el establecimiento de infraestructuras de red y almacenamiento necesarias para integrar la energía renovable, de conformidad con la Directiva sobre fuentes de energía renovables. Esta guía tiene un impacto directo en la planificación territorial, las autorizaciones administrativas y la actividad de los operadores energéticos.

Cambios relevantes en precios regulados y normativa energética

El comienzo del año también ha traído consigo variaciones en precios máximos regulados y parámetros energéticos:

• Se han publicado los nuevos precios máximos del gas butano envasado.
• Se han fijado los precios de referencia para el cálculo del valor de extracción de gas, petróleo y condensados correspondientes a 2025.

Por otro lado, el Real Decreto 88/2026 establece un nuevo Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, un texto clave para operadores y comercializadoras. Asimismo, la Orden TED/82/2026 actualiza los requisitos técnicos para conexión a la red, un elemento fundamental en la operativa del sector.

Estos movimientos normativos muestran cómo la regulación energética continúa siendo un eje esencial del Derecho Público, impulsado por la urgencia climática, la seguridad de suministro y la modernización del mercado eléctrico.

Jurisprudencia relevante del Tribunal Supremo

La revista incorpora varias sentencias de alto impacto para el Derecho Público, especialmente en el ámbito de la contratación pública.

Plazo máximo en procedimientos de resolución contractual

En la Sentencia del Tribunal Supremo 889/2026, la Sala de lo Contencioso fija doctrina sobre el plazo máximo para tramitar procedimientos de resolución de contratos suscritos por comunidades autónomas. El Tribunal concluye que, cuando la normativa autonómica no establece una duración específica, el plazo aplicable es tres meses, conforme al artículo 21.3 de la Ley 39/2015, y no el plazo de ocho meses del artículo 212.8 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Esta sentencia consolida la importancia del principio de autonomía normativa y clarifica un aspecto crucial para la seguridad jurídica de los expedientes contractuales.

Umbrales de saciedad en criterios de adjudicación

En la Sentencia 780/2026, el Tribunal Supremo analiza la legalidad de los denominados umbrales de saciedad en criterios de adjudicación. El Tribunal determina que estos no están prohibidos y son compatibles con los principios de libre competencia, eficiencia y vinculación al objeto del contrato, siempre que estén objetivamente justificados y contemplados en los pliegos.

Este pronunciamiento es especialmente relevante para consultoras, operadores económicos y mesas de contratación, aportando claridad en un área que generaba debate interpretativo.

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