El Gobierno aprueba el proyecto de Ley Orgánica para la gobernanza de la Inteligencia Artificial

La futura ley establece un marco de gobernanza basado en la coordinación entre distintas autoridades supervisoras. La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) asumirá un papel central como organismo de referencia y punto de coordinación, aunque determinadas competencias seguirán correspondiendo a autoridades sectoriales como la Agencia Española de Protección de Datos o el Consejo General del Poder Judicial.

El texto desarrolla también el régimen sancionador previsto por el Reglamento europeo, con multas que podrán alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio global en las infracciones más graves. Asimismo, incorpora mecanismos de proporcionalidad y flexibilidad, especialmente orientados a pymes y startups.

Entre las medidas más relevantes incluidas en el proyecto destacan:

• El refuerzo de la supervisión humana y la transparencia algorítmica;
• La regulación de sistemas prohibidos, incluidos determinados usos vinculados a “deepfakes” sexuales;
• La creación de inventarios de sistemas de IA utilizados por las Administraciones Públicas;
• El impulso de entornos controlados de pruebas (“sandboxes”) para fomentar el desarrollo y validación de sistemas de IA en un entorno supervisado.

La norma pone de manifiesto que la regulación de la inteligencia artificial evoluciona hacia un modelo cada vez más transversal, donde convergen aspectos tecnológicos, jurídicos y de derechos fundamentales.

Desde el área de consultoría de Forvis Mazars, combinamos nuestra experiencia en cumplimiento normativo, gobernanza y tecnología para acompañar a las organizaciones en su adaptación al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y, próximamente, a su desarrollo normativo en España. En un contexto regulatorio en constante evolución, ayudamos a las compañías a integrar la inteligencia artificial de forma segura, transparente y alineada con los nuevos requisitos europeos en materia de supervisión, gestión del riesgo y protección de derechos fundamentales.