Newsletter de Litigación I / 2026

Armonización europea en materia de insolvencia

Uno de los hitos normativos más relevantes es la aprobación de la Directiva (UE) 2026/799, que introduce importantes avances en la armonización del Derecho de insolvencia en el ámbito europeo.

Esta directiva busca reducir las diferencias entre sistemas jurídicos nacionales, facilitando las inversiones transfronterizas y mejorando la eficiencia de los procedimientos concursales. Entre sus principales aportaciones destacan:

• La regulación uniforme de las acciones rescisorias.
• Nuevas herramientas de rastreo de activos a nivel transfronterizo
• La introducción de los procedimientos de venta anticipada (pre-pack).
• La obligación de los administradores de solicitar el concurso en plazo.

La digitalización y el control administrativo en nuevos ámbitos

Otra línea de evolución normativa relevante afecta a sectores emergentes y a la digitalización de las relaciones jurídicas. En este sentido, el Real Decreto 52/2026, de 28 de enero, regula los vehículos de movilidad personal mediante la creación de un registro específico, introduciendo requisitos técnicos, de certificación y de identificación obligatoria.

Del mismo modo, el Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria entre empresas, estableciendo un modelo basado en plataformas interoperables y un repositorio público gestionado por la Administración.

Estas reformas, aunque sectoriales, tienen una incidencia creciente en el Derecho Procesal, ya que afectan directamente a la prueba, la trazabilidad de las operaciones y la gestión de conflictos derivados de relaciones digitales.

Límites procesales en la ejecución hipotecaria

En el ámbito jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha fijado un criterio especialmente relevante en materia de ejecución hipotecaria. La sentencia 23/2026, de 11 de marzo, determina que el control de cláusulas abusivas tiene un límite temporal estricto: no puede realizarse una vez que el decreto de adjudicación ha adquirido firmeza.

Esta decisión introduce mayor claridad en el Derecho Procesal civil, reforzando el principio de preclusión de los actos procesales y garantizando la seguridad jurídica en las transmisiones de bienes. Al mismo tiempo, desplaza la protección del consumidor a mecanismos alternativos, como acciones declarativas posteriores.

Nuevos estándares en materia de prueba y motivación administrativa

El Tribunal Supremo también ha establecido criterios relevantes en materia tributaria que inciden directamente en el ámbito procesal (sentencia 345/2026, de 26 de enero). En relación con la comprobación de valores en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, basta con que exista una diferencia significativa entre el valor declarado y el valor de tasación hipotecaria para iniciar una regularización.

Esta doctrina reduce el nivel de motivación exigido a la Administración en la fase inicial del procedimiento, trasladando al contribuyente la carga de impugnar la valoración. Se trata de un cambio relevante en la dinámica procesal, con implicaciones en la estrategia litigiosa.

Buena fe y actos propios en el ámbito civil

Otra sentencia destacada (sentencia 103/2026, de 29 de enero) analiza la capacidad de las comunidades de propietarios para prohibir conductas que han sido toleradas durante largos periodos de tiempo. El Tribunal Supremo establece que la tolerancia prolongada puede generar una confianza legítima que limita la actuación posterior de la comunidad.

Este criterio refuerza el papel de la buena fe y la doctrina de los actos propios dentro del Derecho Procesal civil, especialmente en conflictos relacionados con propiedad horizontal.

Comunicaciones procesales: límites de las citaciones telefónicas

Una de las resoluciones más relevantes del trimestre es la relativa a las citaciones telefónicas en el proceso civil (sentencia 434/2026, de 19 de marzo). El Tribunal Supremo considera que, con carácter general, este tipo de comunicaciones no garantiza adecuadamente la constancia de recepción ni el contenido comunicado, por lo que no puede considerarse un medio válido de notificación.

No obstante, admite su validez en supuestos excepcionales, siempre que se acredite que han cumplido su finalidad y no han generado indefensión. Esta doctrina refuerza las garantías procesales y pone de relieve la importancia de los actos de comunicación en el Derecho Procesal.

Derecho societario y dinámica de juntas

Finalmente, el Tribunal Supremo ha precisado (sentencia 440/2026, de 20 de marzo) el momento en que las participaciones sin voto recuperan dicho derecho. La sentencia establece que esta recuperación solo se produce tras la constatación formal de que no se ha satisfecho el dividendo mínimo, una vez aprobadas las cuentas anuales o transcurrido el plazo para hacerlo.

Este criterio aporta claridad en el ámbito societario y tiene implicaciones directas en la validez de acuerdos adoptados en juntas.

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