Newsletter en Litigación V / 2025

Novedades normativas para Litigación

El periodo analizado estuvo marcado por la aprobación de dos normas de gran calado: una nueva regulación estatal del servicio de atención a la clientela y un real decreto que redefine completamente el régimen de los productos sanitarios para diagnóstico in vitro.

Aunque ambas normas pertenecen a ámbitos materiales distintos, comparten un denominador común en litigación : introducen obligaciones procedimentales estrictas, establecen plazos, mecanismos de registro, sistemas de control y criterios que inciden indirectamente en Litigación mediante la creación de nuevos estándares de documentación, trazabilidad, motivación y prueba.

La Ley 10/2025, de 26 de diciembre, destaca por imponer a las empresas canales accesibles, atención personalizada y registro obligatorio de cada interacción, con claves identificativas y justificantes en soporte duradero. Asimismo, fija plazos máximos muy breves para resolver reclamaciones, lo que genera obligaciones procedimentales que, en caso de incumplirse, pueden derivar en litigios futuros. Todo ello requiere a los profesionales del derecho una comprensión precisa del nuevo “proceso administrativo interno” que la norma crea dentro de las organizaciones.

El Real Decreto 942/2025, de 21 de octubre, por su parte, renueva completamente el régimen jurídico de los productos de diagnóstico in vitro, estableciendo licencias, controles, obligaciones de trazabilidad, procedimientos de vigilancia y de evaluación de conformidad. Aunque se trata de una norma sectorial, tiene impacto procesal en la medida en que fija estándares probatorios y documentales que determinarán el éxito o fracaso de posibles litigios en sanidad, responsabilidad civil o consumo.

Jurisprudencia en Litigación

Recogemos los siguientes casos que han tenido lugar en los tribunales:

Suspensión de lanzamientos en ocupaciones

El Tribunal Constitucional analizó el uso de suspensiones automáticas en procedimientos de desahucio cuando la ocupación es sin título y el propietario no es un gran tenedor. La resolución subraya que no es posible aplicar extensivamente mecanismos excepcionales sin una motivación individualizada, recordando que exige ponderación, proporcionalidad y respeto estricto a los requisitos legales. Enfatiza, además, que la ausencia de esta ponderación vulnera la tutela judicial efectiva al impedir la ejecución de resoluciones firmes.

Desahucio por impago del IBI o la tasa de basuras

El Tribunal Supremo confirmó que el impago del IBI o la tasa municipal de basuras puede justificar un desahucio cuando estos gastos hayan sido válidamente atribuidos al arrendatario mediante contrato. La clave procesal está en delimitar qué gastos son individualizables y cuáles constituyen gastos generales del inmueble, lo que determina si deben constar expresamente en el contrato para ser exigibles.

Costas procesales en litigios de consumidores

Otra novedad importante proviene del Tribunal Supremo, que revisó su doctrina sobre la imposición de costas en segunda instancia en procedimientos que versan sobre cláusulas abusivas. La nueva orientación se alinea con la Directiva 93/13 y con la jurisprudencia del TJUE, reforzando la idea de que el consumidor no debe soportar costes que puedan disuadirle de recurrir para defender sus derechos.

Legitimación pasiva en préstamos titulizados

El Tribunal Supremo también estableció que, en demandas sobre nulidad de cláusulas y restitución de gastos hipotecarios, tanto el banco cedente como el fondo de titulización cesionario pueden ser demandados. Esta decisión fortalece la protección del consumidor y simplifica la estrategia procesal, evitando que la cesión del crédito se convierta en un obstáculo para la defensa de derechos.

Debate constitucional sobre los MASC y el acceso a la justicia

Un juzgado planteó cuestión de inconstitucionalidad respecto de la Ley Orgánica 1/2025 por imponer un MASC como requisito de procedibilidad incluso en materias que afectan a menores. El cuestionamiento gira en torno a dos ejes procesales fundamentales:

• El derecho de acceso a la justicia, que podría verse limitado por un requisito previo obligatorio.
• La protección reforzada de los menores, que exigiría evitar demoras o barreras procedimentales en asuntos como guarda, custodia o alimentos.

El órgano judicial considera que la regulación entra en tensión con el principio pro actione y podría vulnerar tanto el artículo 24 como el artículo 39 de la Constitución. Este debate anticipa una discusión profunda sobre el rol en Litigación en materias sensibles, y sobre el alcance legítimo de los MASC como instrumento de política judicial.

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