Newsletter en Derecho Público de julio y agosto de 2026
Volvemos con nuestra nueva newsletter en Derecho Público para hablar sobre normativa y sentencias del Tribunal Supremo.
Desde Forvis Mazars volvemos con el nuevo número de nuestra newsletter en Derecho Público. La puedes descargar aquí. En esta ocasión, hablamos sobre las principales y últimas regulaciones del sector energético en España; las subvenciones a Explotaciones Agrarias y PAC; y varias sentencias del Tribunal Supremo.
La energía concentra las principales reformas regulatorias
Las novedades más relevantes de este periodo se sitúan en el sector energético. Entre ellas destaca la modificación de los procedimientos de operación eléctricos 7.4 y 14.4 para fomentar la prestación dinámica del servicio de control de tensión, una medida destinada a mejorar la estabilidad y la eficiencia del sistema eléctrico en un contexto de creciente penetración de energías renovables.
También resulta especialmente relevante la aprobación del Real Decreto 640/2026, que regula los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Esta norma establece el marco para la planificación de futuras inversiones en infraestructuras energéticas, un elemento clave para asegurar el desarrollo de la transición energética y la electrificación de la economía.
A ello se suma la creación de la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX), mediante la Ley 1/2026, una iniciativa que refuerza las capacidades institucionales para impulsar políticas energéticas, proyectos de eficiencia y desarrollo sostenible a nivel autonómico.
Más medidas para la transición energética y la descarbonización
La actividad normativa ha seguido profundizando en la transformación del modelo energético. Durante este periodo se ha regulado el procedimiento de asignación del régimen retributivo específico para instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, una herramienta especialmente relevante para la competitividad industrial y la eficiencia energética.
Además, se ha aprobado el Real Decreto 611/2026, destinado a impulsar la descarbonización del transporte y fomentar el uso de combustibles renovables. La norma se enmarca en la estrategia de reducción de emisiones y adaptación a los compromisos climáticos asumidos por España y la Unión Europea.
También destacan las modificaciones introducidas por la CNMC para implantar 96 rondas de negociación en el mercado intradiario continuo eléctrico y la creación de nuevos permisos de acceso flexibles para la demanda de energía eléctrica, medidas orientadas a mejorar la eficiencia y flexibilidad de los mercados energéticos.
Agricultura, acción social y simplificación administrativa
Más allá del sector energético, el Derecho Público también ha registrado novedades relevantes en otros ámbitos.
En materia agraria, se han introducido modificaciones en la regulación de subvenciones a explotaciones agrarias y en diversos instrumentos vinculados a la Política Agraria Común (PAC), con el objetivo de adaptar y optimizar los mecanismos de apoyo al sector primario.
A nivel europeo, se han aprobado medidas destinadas a simplificar el uso de sistemas de información y los procedimientos de diligencia debida, especialmente para micro y pequeños operadores, reforzando la eficiencia administrativa y reduciendo cargas burocráticas.
Asimismo, merece una mención especial el nuevo régimen jurídico de las entidades del Tercer Sector de Acción Social colaboradoras con la Administración General del Estado, que busca fortalecer la cooperación entre las administraciones públicas y las organizaciones sociales.
Por otra parte, España y Reino Unido han alcanzado un acuerdo administrativo relativo a cuestiones medioambientales vinculadas a Gibraltar, un asunto de especial interés en el ámbito de las relaciones institucionales y la cooperación transfronteriza.
El Tribunal Supremo refuerza la participación pública en la elaboración normativa
La jurisprudencia del periodo también aporta novedades muy relevantes. Una de las sentencias más destacadas aborda los trámites de audiencia e información pública durante la elaboración de disposiciones generales.
El Tribunal Supremo establece que, cuando una norma sufre modificaciones sustanciales tras haber concluido el trámite de información pública, resulta obligatorio reiterar dicho trámite. No basta con justificar los cambios en las observaciones recibidas durante la fase inicial ni en la posterior intervención del Consejo de Estado.
Protección de la confianza legítima frente a errores de la Administración
Otra sentencia de gran interés recuerda que los ciudadanos y las administraciones no deben verse perjudicados cuando actúan siguiendo las instrucciones de recursos indicadas por la propia Administración.
El Tribunal Supremo rechaza una interpretación excesivamente formalista de las causas de inadmisión y señala que el principio de confianza legítima debe prevalecer cuando el recurrente ha seguido diligentemente las indicaciones contenidas en la resolución administrativa impugnada.
Esta doctrina refuerza el derecho a la tutela judicial efectiva y contribuye a una mayor seguridad jurídica en las relaciones entre administraciones y administrados.
Mayor exigencia ambiental para los proyectos energéticos
Por último, destaca una relevante sentencia sobre un proyecto eólico en Galicia. Aunque el Tribunal Supremo descarta que exista una fragmentación fraudulenta del proyecto, concluye que el estudio de impacto ambiental no contenía un análisis suficiente de los efectos acumulativos y sinérgicos respecto a parques e infraestructuras próximas.
La resolución recuerda que la legislación ambiental exige una valoración real, específica y completa de estos impactos, lo que llevó finalmente a la anulación de la autorización administrativa otorgada al proyecto.
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