Newsletter de Derecho Público, Administrativo y Regulatorio de noviembre y diciembre 2025

Novedades normativas recientes

Entre las reformas más destacadas se encuentran las Circulares 8/2025 y 9/2025 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que establecen: nuevas metodologías para el cálculo de la retribución en la distribución y transporte de energía eléctrica; y nueva metodología para el cálculo de la tasa de retribución financiera del transporte y distribución de energía eléctrica, entre otros.

La Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible introduce un marco regulatorio que impulsa la transición hacia modelos más sostenibles, afectando a la planificación urbanística y a la contratación pública vinculada a infraestructuras y transporte. A esto se suman los cambios en los umbrales de contratación pública recogidos en el Reglamento Delegado (UE) 2025/2487 y la Orden HAC/1517/2025, que redefinen los límites para contratos de obras, suministros y servicios, obligando a revisar procedimientos y estrategias de licitación.

También destacan dos disposiciones relevantes para sectores regulados. Por un lado, la Circular 1/2025 del Comisionado para el Mercado de Tabacos establece las especialidades del procedimiento para autorizar, modificar o alterar modelos de máquinas expendedoras, regulando además el funcionamiento del Registro de Máquinas Expendedoras. Esta normativa busca reforzar el control administrativo y la transparencia en la comercialización de productos de tabaco. Por otro lado, la Resolución de 18 de diciembre de 2025 de la CNMC fija los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica aplicables desde enero de 2026. Ambas medidas reflejan la importancia del Derecho Público en garantizar equilibrio regulatorio y seguridad jurídica en sectores estratégicos.

Jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha dictado resoluciones que clarifican cuestiones esenciales en materia de contratación pública. Una de ellas aborda la indemnización de gastos generales por suspensión de contratos, interpretando el artículo 203 de la Ley de Contratos del Sector Público. La doctrina fijada exige acreditar la existencia y alcance de los daños, aunque admite la posibilidad de aplicar porcentajes orientativos cuando la prueba no sea concluyente. Este criterio refuerza la necesidad de una gestión documental rigurosa por parte de contratistas y administraciones.

Otra sentencia relevante analiza la nulidad de liquidaciones en el sector eléctrico, confirmando que, en caso de anulación judicial, debe practicarse una nueva liquidación conforme a la normativa aplicable. Este pronunciamiento subraya la importancia del control jurisdiccional en actividades reguladas y la obligación de las administraciones de actuar con diligencia.

Por último, destaca el fallo sobre encargos a medios propios y control análogo conjunto, que interpreta la Directiva 2014/24/UE y la LCSP. El Tribunal Supremo confirma que el control puede ejercerse de forma conjunta por varias administraciones, incluso con participaciones minoritarias, siempre que exista influencia estratégica sobre la entidad. Esta doctrina impacta en la organización de servicios públicos y en la delimitación entre contratación administrativa y autoorganización.

Todo el contenido de los últimos meses viene a confirmar la importancia de mantenerse al día de la normativa y jurisprudencia en sectores regulados. Este contexto exige que administraciones y empresas cuenten con asesoramiento especializado como el de Forvis Mazars para anticipar riesgos y cumplir con un marco regulatorio cada vez más complejo.

Las reformas en energía, movilidad y contratación pública, junto con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre indemnización de daños y control análogo conjunto, evidencian la necesidad de rigor en la interpretación normativa y en la gestión administrativa.

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