Newsletter de Derecho Público, Administrativo y Regulatorio de septiembre y octubre 2025
En la edición de septiembre y octubre 2025 de la newsletter de Derecho Público, Administrativo y Regulatorio de Forvis Mazars, revisamos importantes novedades normativas y jurisprudenciales en el sector energético y en contratación pública.
Normativa en la newsletter
El primero de los puntos refiere a los requerimientos de información a los gestores de red sobre solicitudes de acceso y conexión. La CNMC hace la propuesta de Circular 6/2025, de 6 de octubre, sobre las peticiones de información a los gestores de la red acerca de las solicitudes de acceso y conexión a las redes de energía eléctrica.
Otro punto importante es el cálculo de la retribución de la actividad de transporte. En la propuesta de circular, de 15 de octubre -de la CNMC-, se modifica la Circular 5/2019, de 5 de diciembre, por la que se establece la metodología a utilizar para el cálculo de la retribución del transporte de energía eléctrica.
Otras novedades de la newsletter son los nuevos precios de venta de gases licuados, el plan de reactivación, refuerzo y prevención de la DANA y actualización de referencia de medicamentos en el SNS.
Jurisprudencia
El Tribunal Supremo nos deja dos sentencias destacables en el ámbito de la contratación pública:
- Intereses de demora: en su sentencia 1200/2025, de 29 de septiembre del 2025, establece que cuando un contratista continúa prestando servicios de buena fe a petición de la Administración tras la expiración del contrato sin modificación formal, dichos servicios se consideran de origen contractual. De esta manera, el cómputo de los intereses de demora se inicia 30 días después de la reclamación impagada.
- Licencias audiovisuales: la sentencia 1193/2025, de 29 de septiembre de 2025, aborda la legalidad de exigir medios de implantación territorial en Galicia en concursos públicos para licencias audiovisuales. El Supremo concluye que esta es una limitación injustificada que dificulta la entrada de operadores, entre otras alusiones. Por ello, anula el concurso y ordena a la Administración convocar uno nuevo, quitando el punto de arraigo territorial.
- Responsabilidad patrimonial del Estado: el Tribunal señala acciones del Estado que han generado daños en proyectos de plantas de gasificación en Canarias. Por tanto, condena a la Administración a indemnizar con 18,6 millones de euros más intereses desde la fecha de reclamación por vía administrativa.
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