Newsletter en Derecho Público, Administrativo, Regulatorio e Inmobiliario de marzo y abril de 2026

Desde Forvis Mazars lanzamos la nueva newsletter en Derecho Público, Administrativo, Regulatorio e Inmobiliario de abril y marzo de 2026: para verla al completo, descárgala aquí. En este número analizamos normas y jurisprudencia que afectan a la competencia, sector energético, transporte, vivienda, etc.

Impulso normativo en sectores estratégicos

Entre las normas más destacadas se encuentra la Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social, que consolida y refuerza el marco jurídico de cooperativas, sociedades laborales y entidades del tercer sector. La norma reconoce expresamente el papel de la economía social en la cohesión territorial, el empleo de calidad y el desarrollo sostenible, reforzando su integración en las políticas públicas.

En el ámbito regulatorio, resulta especialmente relevante la Circular 1/2026 de la CNMC, de 18 de marzo, que regula el Registro de Alias en el sector energético. Esta disposición introduce nuevas obligaciones de identificación y trazabilidad para los operadores, con el objetivo de mejorar la transparencia en la relación entre comercializadores y consumidores. También cobra especial importancia el acuerdo sobre la interpretación y aplicación del Tratado sobre la Carta de la Energía, que refuerza la seguridad jurídica de las inversiones energéticas en un contexto de transición y reordenación regulatoria.

Otras novedades normativas reseñables

Junto a estas reformas y pronunciamientos, la newsletter recoge otras disposiciones sectoriales de especial relevancia en Derecho Público. En el ámbito de la cadena alimentaria, el Real Decreto 187/2026 refuerza los controles ejercidos por la Agencia de Información y Control Alimentarios, intensificando la actividad inspectora y sancionadora para garantizar el cumplimiento de la normativa.

El sector energético concentra múltiples actualizaciones, como la aprobación de los nuevos precios máximos del butano, la tarifa de último recurso del gas natural y los precios de combustibles en puertos y territorios no peninsulares. Asimismo, se aprueban procedimientos de operación destinados a reforzar la protección del sistema eléctrico español y se formaliza la adhesión al Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Agencia Internacional de Energías Renovables.

En el ámbito financiero, se actualizan las cláusulas generales aplicables a las operaciones de política monetaria del Banco de España, mientras que en el sector sanitario se modifican las bases del régimen de autorización de centros, servicios y establecimientos.

La modificación del Reglamento de Extranjería, introducida por el Real Decreto 316/2026, incorpora ajustes procedimentales relevantes que impactan directamente en la gestión administrativa y en los derechos de las personas extranjeras. En materia de transporte, se aprueban medidas urgentes para afrontar retos estructurales del sector.

Por último, destacan dos disposiciones de notable impacto público: el Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030, que define el marco de actuación de las políticas públicas de acceso a la vivienda, y la fijación de las tarifas de Tragsa y Tragsatec para 2026, clarificando el régimen económico aplicable a estas entidades como medios propios de la Administración.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo: control administrativo y garantías

Desde el punto de vista jurisprudencial, el Tribunal Supremo ha fijado doctrina en cuestiones clave del Derecho Público. Destaca la sentencia relativa al silencio administrativo en solicitudes de cierre de plantas de ciclo combinado. El Alto Tribunal confirma que, en caso de doble silencio, resulta aplicable la regla general del artículo 24.1 de la Ley 39/2015, estimándose el recurso por silencio positivo. Este criterio refuerza la seguridad jurídica de los operadores económicos frente a la inactividad administrativa.

Asimismo, el Tribunal Supremo analiza la inhabilitación de empresas comercializadoras eléctricas, concluyendo que no tiene naturaleza sancionadora, sino que se enmarca en las facultades de control del regulador. Por tanto, no vulnera el principio de non bis in idem aunque coexista con un procedimiento sancionador, delimitando claramente las potestades administrativas de supervisión.

En materia sancionadora, también se aclara que, cuando no se trate de infracciones anticompetitivas estrictas, resulta aplicable el procedimiento sancionador común de la Ley 39/2015, debiendo concretarse el importe de la sanción en la propuesta de resolución, salvo que no se genere indefensión material.

Descárgala aquí